Un año atrás el gobierno de Estados Unidos anunció que se concentraría en deportar indocumentados con antecedentes delictivos y comenzó una revisión de causas judiciales pendientes. Los resultados son "decepcionantes", dicen algunos.
En junio de 2011, un memorándum interno del gobierno de Estados Unidos fue celebrado por organizaciones civiles y recibido como una promesa de cambio por cientos de miles de indocumentados.
Fue el documento que introdujo el "criterio de discrecionalidad" o discreción fiscal (prosecutorial discretion, en inglés) para tratar las más de 400.000 causas de deportación abiertas que esperan resolución.
En él, la administración del presidente Barack Obama definió que se concentraría en los casos graves -los que involucraban a personas consideradas peligrosas o con antecedentes criminales-, para dejar por el contrario congelado el proceso de expulsión de aquellos que no representaran una amenaza o tuvieran lazos fuertes con el país al que entraron sin permiso.
A un año del cambio de política, ¿se ha notado su impacto en los procesos de repatriación de sin papeles?Las estadísticas oficiales revelan que no mucho: menos de 2% de las causas existentes han sido cerradas.
Según las cifras de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), sus fiscales revisaron unos 288.000 casos hasta finales de mayo, sobre un total de 411.000. De ellos, 4.403 han sido archivados por aplicación del "criterio de discrecionalidad".
Como respuesta a los números, líderes de organizaciones por los derechos de los migrantes alzaron la voz: señalan que el anuncio se ha quedado en la letra escrita y que poco se ha hecho para reducir las deportaciones, que en los últimos tres años han alcanzado un récord de 1,1 millones.
Demorados
Los nuevos lineamientos en la política de deportación fueron consignados en junio de 2011 por el secretario del ICE, John Morton, y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, marcando el inicio del primer proceso de revisión masiva de casos de la historia reciente.
Para muchos, se trató de una respuesta del presidente Obama ante los reclamos sostenidos por la reforma inmigratoria postergada, una de sus promesas de campaña incumplidas.
La decisión fue la de focalizar los recursos en "lo peor de lo peor": indocumentados con condenas por delitos graves. Quienes, en cambio, tuvieran familia en Estados Unidos, lazos con la comunidad y las iglesias, buen desempeño en la educación superior o participación en las Fuerzas Armadas pasaron a ser considerados "de baja prioridad".
¿Por qué, entonces, sólo 1,5% de las causas pendientes se benefició con el cambio?
El secretario Morton indicó, días atrás, que la revisión está en su fase inicial y que este índice podría aumentar en los próximos meses. "Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en circunstancias difíciles. Hemos delineado lo que creemos es un sistema racional de establecimiento de prioridades", señaló Morton en una entrevista con la cadena pública NPR.
Portavoces del Departamento de Seguridad Interior agregaron que el proceso de evaluación ha sufrido demoras burocráticas por la necesidad de verificar antecedentes para cada uno de los inmigrantes.
Según datos oficiales, el ICE halló 20.648 casos elegibles para el beneficio de la discreción fiscal, aproximadamente 7% de los analizados, pero más de la mitad de ellos está a la espera de que se completen los controles de historiales policiales.
Activistas disconformes
Para las organizaciones que defienden los intereses de los migrantes, los resultados de la propuesta anunciada hace un año han sido "decepcionantes". Por una parte, objetan los bajos índices de eficacia que ha tenido la revisión. Pero a la vez sugieren que la respuesta que se ofrece para los casos "congelados" tampoco resulta apropiada.
"En algunos casos, quienes se benefician con el prosecutorial discretion no reciben por ejemplo un permiso de trabajo o una licencia válida para identificarse. No sólo se está haciendo cada vez más difícil detener los casos de deportación, sino que, incluso cuando un caso se cierra, la deportación se suspende pero no se cancela, lo que genera mucha incertidumbre", señaló a BBC Mundo Gaby Pacheco, del Proyecto "Educación, No Deportación" (END) en defensa de estudiantes sin papeles.
De hecho, las estadísticas revelan que la mitad de quienes han recibido una oferta de suspensión de sus causas ha decidido rechazarla: prefieren llevar la lucha a la corte donde, en caso de ganar, pueden acceder al estatus de residentes permanentes, en lugar de quedarse con permisos de estadía provisorios. Los abogados que los asesoran destacan que muchas veces el criterio de discrecionalidad deja a los indocumentados en un limbo legal.
"Se les permite quedarse pero se les dice que no pueden trabajar… Si este programa se implementara correctamente, estos inmigrantes calificarían para un cuasi estatus que les dé una vida funcional y les permita integrarse a la vida estadounidense", expresó Crystal Williams, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, en una conferencia telefónica de la que participó BBC Mundo.
"Pase libre"
Más allá de los resultados alcanzados a un año de su anuncio, el criterio de discrecionalidad ha recibido críticas de quienes promueven controles más estrictos sobre los flujos de indocumentados. Miembros del partido Republicano han señalado que la discreción fiscal socava el poder que le cabe al Congreso de dictar la legislación migratoria. Para otros, constituye un "pase libre" que favorece a quienes entraron al país violando las normas.
"Estos memorándums reflejan una estrategia abierta de atacar las leyes federales de inmigración para legalizar a una amplia franja de población ilegal, incluso a muchos (inmigrantes) de los que sabemos poco y estamos a la espera de que comparezcan ante los tribunales", expresó en un escrito Janice Kephart, directora de Políticas de Seguridad Nacional del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de tendencia conservadora.
A menos de seis meses de la elección presidencial, los resultados del ejercicio de la discreción fiscal podrían hacerse sentir en las urnas, dicen los analistas. Mientras que las posturas más conservadoras critican la política de raíz, las organizaciones sociales tampoco están satisfechas.
"El presidente tiene clara autoridad para hacerse cargo de esto. No vamos a parar hasta que el presidente muestre el liderazgo y las políticas escritas se conviertan en realidad", señaló la activista Pacheco.
Fuente: Dinero.com
